La Universidad española debe acometer una reforma profunda

Publicado el 21-11-2008 por Expansión / Madrid.

Una vez consolidada la estrategia de reconocimiento de titulaciones de la Unión Europea, el conocido 'Proceso de Bolonia', los centros de enseñanza europeos deberían apostar por una universidad emprendedora.

La Universidad española se ha masificado y ha ido perdiendo calidad. Y es evidente que la estrategia europea de armonización de titulaciones, el Proceso de Bolonia, no será un revulsivo que altere de forma sustancial esta situación, aunque, para algunos, podría ser todavía una gran oportunidad de cambio.

Frente a esta situación poco alentadora, Marius Rubiralta, secretario de Estado de Universidades; Fernando Fernández, rector de la Universidad Antonio de Nebrija; Juan José Dolado, catedrático de Economía de la Universidad Carlos III, y Emilio Lamo de Espinosa, catedrático de Sociología la Universidad Complutense debatieron durante el último Consejo Editorial de Expansión y Actualidad Económica sobre los problemas, las soluciones y las reformas prioritarias para la Universidad española.

Y es que en nuestro país ha sido especialmente acusada la tendencia general europea a abandonar el viejo concepto de una universidad de elites, hasta convertir estas instituciones en un mecanismo de formación post-secundaria para la gran mayoría de los jóvenes. Así, mientras que en 1980 sólo el 12% de los españoles de entre 25 y 64 años había cursado estudios universitarios; en 2007, ese porcentaje alcanzó el 24% , una cifra ligeramente superior a la media de la Unión Europea, 22%.

En términos absolutos, durante el curso escolar 2007-2008, el número total de universitarios en España ascendió a 1,44 millones, lo que representa un 17% de los 8,24 millones de estudiantes del sistema educativo. Esta cifra es similar a la de países como Alemania o Francia. En términos porcentuales, en la actualidad acceden a la Universidad el 69% de los jóvenes que acaban el Bachillerato, un porcentaje que, aún siendo elevado, es inferior al de otros países europeos, como Suecia.

Universidad española
Las universidades españolas pueden agruparse en tres grandes categorías: las públicas; las privadas tradicionales, promovidas por grupos confesionales católicos ?Universidad de Navarra, Universidad San Pablo (CEU)?; y las privadas de creación reciente ?Universidad Europea de Madrid, Universidad Antonio de Nebrija.

Además, es importante resaltar que la aparición de las universidades privadas no ha modificado de forma apreciable el panorama universitario, puesto que su peso es muy limitado, ya que acogen únicamente al 10% del alumnado. Por su parte, las nuevas instituciones privadas, no pueden aspirar más que a jugar un papel similar al de los colleges anglosajones mientras no se modifique el sistema de financiación.

Con independencia de cuál sea su naturaleza, la legislación española ha otorgado un destacado papel a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), que evalúa, certifica y acredita las actividades y programas de los centros que proporcionan títulos oficiales de Educación Superior y valora la idoneidad de sus profesores. Eso hace que toda la enseñanza universitaria esté sometida a una intensa regulación pública, que no siempre está a la altura de las necesidades.

Además, aunque el Estado ha mantenido la competencia de dictar las normas básicas, las comunidades autónomas tienen el poder de decidir en materia de política universitaria. Eso ha hecho que, en la práctica, sea difícil hablar de la Universidad española, y haya que hablar de tantos sistemas universitarios como comunidades autónomas. Esta situación ha propiciado la creación de instituciones de enseñanza superior con clara vocación regional y local, lo que ha agudizado la escasa movilidad tanto de los estudiantes como del profesorado, y reforzado las tendencias endogámicas.

Los asistentes al Consejo Editorial explicaron que es necesaria mayor flexibilidad y menor regulación de las universidades, ya sean públicas o privadas. De hecho, destacaron que en EEUU existen universidades públicas de gran calidad y la clave está en que gozan de la misma flexibilidad que las privadas y no están sujetas a cortapisas burocráticas, como las impuestas por la Aneca.

Matrículas subvencionadas
El deseo de universalizar el acceso a la Universidad llevó históricamente a un régimen de precios de matrícula subvencionados, de forma que "todos los estudiantes universitarios en España están becados". El problema es que no existe un sistema transparente de cuentas que permita conocer con precisión el coste real de cada plaza universitaria. Pero se estima que el importe de la matrícula, que nunca ha llegado a superar el 25% del coste por alumno, se ha ido reduciendo progresivamente, hasta situarse en cerca del 15% de dicho coste.

Sin embargo, ese subsidio no se ha visto compensado por un régimen de patrocinio privado (endowments), como en muchas universidades norteamericanas. Algunas de las escasas iniciativas que se han producido han chocado contra diversos obstáculos, como con el deseo de las propias universidades de mantener un principio igualitario entre sus estratos docentes.

Así, las universidades públicas dependen esencialmente de las subvenciones presupuestarias otorgadas por las Consejerías de Educación de las comunidades autónomas y las privadas dependen, casi exclusivamente, de las tasas que pagan sus estudiantes, lo que hace que la relación de precios con las públicas sea de, aproximadamente, diez a uno.

En este sentido, los ponentes del Consejo Editorial de Expansión concluyeron que es necesario encontrar un nuevo sistema de financiación que favorezca la competencia y la calidad, ya sea a través de un sistema de apoderamiento de los estudiantes ?de forma que la financiación pública se otorga al alumno y no a los centros? o favoreciendo los patrocinios privados por parte de empresas o entidades financieras.

Problema de la gobernanza
Otro de los problemas más importantes es que la configuración de las universidades como corporaciones públicas ha hecho que las sucesivas normas que las regulan basen su régimen de gobernanza en un principio de representatividad democrática por estamentos o grupos de interés (profesores, personal administrativo y de servicios, estudiantes?), lo que guarda cierta semejanza con el establecido en el ámbito financiero para los órganos de gobierno de las cajas de ahorros.

Ese carácter electivo de los rectores y el nombramiento por parte de éstos del Gerente de cada universidad, ha hecho que la gestión no tenga como objetivo la eficacia, sino que responda, como ocurre en los procedimientos de elección política, a las prioridades e intereses de los grupos electores.

Tanto el secretario de Estado de Universidades, como el resto de asistentes señalaron la necesidad de solucionar esta cuestión para favorecer la eficiencia en la gestión y conseguir la excelencia de la institución. Las universidades españolas presentan bastantes debilidades como la escasa calidad media de la enseñanza; la falta de especialización, con especial déficit en Ciencias y Tecnología; el elevado fracaso escolar ?el 30% de quienes se matriculan abandonan transcurridos dos años?; una investigación universitaria pobre; y una escasa atención a la formación permanente.

Sin embargo, gran parte de la falta de excelencia de la universidad española deriva de la mala calidad de la enseñanza secundaria, que lleva a que muchos alumnos accedan a ella con una formación insuficiente; del carácter excesivamente rígido y burocrático de la regulación de estas instituciones; de la endogamia y corporativismo de los cuerpos de funcionarios que dominan la Universidad, y del freno a la inmigración de profesorado cualificado, como consecuencia del rígido sistema de homologación de titulaciones extranjeras.

Motivo de esperanza
A pesar de todo, existen algunos fenómenos que son motivo de esperanza como la aparición de centros tecnológicos, grupos de investigadores u hospitales vinculados a la Universidad y la aparición de cátedras prestigiosas financiadas por instituciones públicas o privadas.

La Universidad española debe pues acometer una profunda reforma y tiene que hacerla "sin complejo de inferioridad". Por ello, el Ministerio de Ciencia e Innovación viene impulsando un gran pacto social entre Universidades, Administraciones Públicas y la sociedad para tratar, con su Estrategia Universidad 2015, de trasladar a nuestro país la Estrategia de Lisboa sobre la mejora de la competitividad de la UE, así como la Agenda para la modernización de las Universidades: educación, investigación e innovación, promovida por la Comisión Europea, que aspira a promover la especialización y diversificación de las Universidades, impulsar la movilidad, formarse como investigador y trabajar en otros países europeos, y fomentar el acercamiento Universidad-Empresa, potenciando espacios comunes de investigación.