Trabajo confirma que quiere excluir del Inem a los prejubilados "porque no son parados"

Publicado el 19-11-2008 por M.V. / Madrid.

El Ejecutivo propondrá a la patronal y a los sindicatos que estos trabajadores no figuren en las listas del paro. Vegara afirma que "no forman parte de la población activa" que estudia Estadística.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, confirmó ayer que el Gobierno quiere excluir a los prejubilados de las listas del desempleo al no considerarlos exactamente como demandantes de un trabajo con urgencia, o por estado de necesidad.

Se trata de los trabajadores despedidos por sus empresas entre los 50 y los 6o años. Habitualmente, y dentro de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), las compañías suelen abonarles una parte del sueldo, además de complementar su cotización a la Seguridad Social para que no pierdan pensión, hasta que llegan a la jubilación anticipada a los 61 años. Además, al ser trabajadores con largas carreras de cotización perciben el desempleo durante dos años.

En la línea de lo dicho el lunes por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, Granado dijo que la "situación de estas personas no es tanto la de un parado, que está obligado por legislación a aceptar un empleo, sino la de una persona que puede aceptar un trabajo o rechazarlo porque ya cuenta con unas rentas que le permiten llegar a la edad de jubilación sin problemas económicos. Su estatus es más parecido al de un demandante de mejora de empleo, figura más compleja que la de alguien que pide trabajo".

El secretario de Estado de Economía, David Vegara, apoyó la propuesta del Ministerio de Trabajo. Vegara apuntó que es "razonable" porque personas en esta situación "no forman parte de la población activa". Es decir, que no sólo no estarían trabajando, sino que no buscarían un empleo por todos los medios. Vegara puntualizó que las palabras de Corbacho abren una "reflexión que hay que hacer" en relación a aquellos prejubilados que "no tienen pretensión ni intención de formar parte del mercado laboral".

Octavio Granado recordó la intervención de Trabajo para mejorar las condiciones de los 500 trabajadores de la división de Móviles que serán despedidos. Entre otras cosas, el Gobierno ha obligado a la compañía a hacerse cargo de la cotización de la Seguridad Social hasta que los prejubilados cumplan los 65 años, y no los 61, edad, a partir del que se considera la jubilación anticipada. En cualquier caso, subrayó que éste es un debate que se planteará a la patronal y a los sindicatos y cuyo "único sentido" es el de facilitar una información "más exhaustiva y transparente". "No es ocultar la realidad, sino describirla de mejor forma", concluyó Granado.

Sin embargo, defendió estudiar la situación de los trabajadores de mayor edad que, después de una larga carrera laboral, y de cotización, van al desempleo, sin ningún tipo de ayuda adicional, y ven como se reduce su pensión.

Granado propuso ayer a los grupos parlamentarios que, en la próxima reforma del sistema de pensiones, incentiven a los trabajadores a retrasar su jubilación con ayudas fiscales. Implícitamente, reconoció así el fracaso de las últimas reformas que han hecho los diferentes Gobiernos para tratar de buscar una potente vía de ahorro para la Seguridad Social. Ante la Comisión del Pacto de Toledo, constituida en el Congreso de los Diputados, Granado reconoció que [desde el Gobierno] "no podemos [aumentar más] las subvenciones de las cotizaciones sociales a las empresas que tengan empleados de más de 65 años o elevar más [la cuantía] de la pensión, por cada año de permanencia en el trabajo, sin "crear riesgos" a la Seguridad Social.

Por otro lado, Zapatero expresó ayer su confianza en que se garantice la participación de sindicatos y empresarios en el proceso de reforma iniciado en Washington, tal como ha solicitado él al G-20.

"Sin inmigración no habría reservas"
"Si no hubiera habido inmigrantes, el Fondo de Reserva no existiría". Así de claro se mostró ayer Octavio Granado a una pregunta de la oposición en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo. Granado añadió que si no fuera por estos ciudadanos que vienen a trabajar a España el proceso de envejecimiento de la población sería más acusado. El secretario de Estado hizo estas declaraciones el mismo día que su Departamento le daba una mala noticia para poder ser más optimista.

Como consecuencia de la crisis, la afiliación de trabajadores extranjeros cayó en octubre en 29.110 personas respecto a septiembre, lo que, en términos relativos, supone un descenso del 1,4% hasta una cifra total de 2.059.547 personas. Es el tercer mes consecutivo en el que cae la inscripción de trabajadores extranjeros en la Seguridad Social. La Oficina de Estadística Europea informó ayer de que España fue el país de la UE que más inmigrantes recibió en 2006, con 803.000 personas, entre comunitarios y de terceros países.